La violencia contra las mujeres constituye tanto una violación a los derechos humanos de las mujeres como un grave problema de salud pública. Si bien es cierto que la violencia afecta tanto a los hombres como a las mujeres, los modelos de conducta y las consecuencias son diferentes para unos y otras. Las mujeres están más expuestas que los hombres a recibir maltrato físico de una persona cercana. Asimismo, las mujeres y niñas conforman la gran mayoría de las víctimas de la violencia sexual. Varios estudios efectuados por la Organización Mundial de la Salud en diez países indican que la tasa de mujeres sujetas a alguna forma de violencia sexual o física por parte de sus parejas oscila entre el 15% y el 71%. La violencia contra las mujeres es una causa importante de muerte o lesiones en todo el mundo, además de representar un factor de riesgo para numerosos problemas de salud física y mental. Por otra parte, ese grave fenómeno también tiene un elevado costo social y económico, tanto para las mujeres que lo padecen como para la sociedad en su conjunto. Dadas las graves consecuencias de la violencia contra las mujeres, las Naciones Unidas han instado a los gobiernos, los organismos internacionales y la sociedad civil a prevenir ese tipo de violencia y darle respuesta mediante iniciativas multisectoriales en el marco de los derechos humanos.
Las y los proveedores de cuidado de la salud que no tienen en cuenta la violencia contra la mujer no sólo pierden la oportunidad de tratar un tema de salud pública importante, sino que pueden, de manera involuntaria, poner a las mujeres en situación de mayor riesgo. En 1996, la Asamblea de Salud Mundial realizó un llamado a los gobiernos y a las organizaciones ya mencionadas para que trataran la violencia contra las mujeres como un tema prioritario de salud pública en todo el mundo iii. Lamentablemente, el sector de la salud con frecuencia pasa por alto los vínculos que existen entre la violencia basada en género y la salud de las mujeres. Muchos profesionales aún consideran que la violencia contra las mujeres constituye un problema social y no un asunto de salud pública. Otros reconocen que la violencia es un tema de salud, pero no saben cómo tratarlo en su carácter de profesionales de la salud.
